La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco  y sus colegas de Guaviare y Meta.

La solicitud a la CIDH también pide proteger la vida de alcaldes, concejales, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año.

Las medidas cautelares se solicitan por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).

Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).

También están amenazadou un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

 Candidatos amenazados 

Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.

La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.

"No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos  que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta", aseguró Camargo Assis.

La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

Presencia de grupos armados ilegales

El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia (disidentes de las Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros, son los grupos armados que hacen presencia en 392 municipios de 24 departamentos.

Las AGC son las que hacen mayor presencia en el territorio nacional, tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos. Le sigue el Estado Mayor Central: 234 municipios de 19 departamentos. Luego, el ELN: en 231 municipios de 19 departamentos. En cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.

“A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, recalcó el Defensor del Pueblo.