Ante el polémico hecho que se presentó en la vereda Bocas del Manso, en zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, debido a las acciones de intimidación y violencia contra miembros de la comunidad, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, mostró su rechazó.

“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta y en particular con el actuar de los soldados del Batallón de Infantería N. 33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada, quienes estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, según lo advierte el Comando de la Séptima División del Ejército”, aseguró Camargo.

Un equipo de la Regional Sur de Córdoba de la Defensoría del Pueblo se reunió ayer directamente en Tierralta con líderes de la comunidad de Bocas del Manso, que está a 5 horas de la cabecera municipal, para escuchar las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos por parte de presuntos miembros del Ejército.

“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, recalcó Carlos Camargo Assis.

Estas agresiones contra comunidades vulnerables, además de ir en contravía del derecho internacional humanitario (DIH), socavan la confianza que las comunidades depositan en la fuerza pública, particularmente en una zona con presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC — Clan del Golfo).

“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan. Reiteramos que nuestros canales de atención permanecen 24/7 a disposición de las comunidades, con el único objetivo de protegerlas”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

Es por ello, que un equipo de la Regional Sur de Córdoba de la Defensoría del Pueblo participará este miércoles, 13 de septiembre, en un consejo de seguridad en Montería para reiterar el llamado a garantizar los derechos humanos de la comunidad afectada.

Por su parte, la Procuradora ordenó el traslado de una comisión disciplinaria extraordinaria a Montería y a Tierra Alta (Córdoba), para investigar los hechos. El ente de control asumirá el poder preferente de la indagación previa que inició el Ejército Nacional por la presunta intimidación que sufrieron los pobladores de esta zona del país. 

La comisión, liderada por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, adelantará las acciones disciplinarias pertinentes con el propósito de esclarecer estos hechos. 

Comisión de @PGN_COL llega a Tierralta (Córdoba) para investigar amenazas perpetradas por hombres encapuchados contra comunidad de vereda Bocas de Manzo. El ente de control asumirá poder preferente de indagación previa que inició @COL_EJERCITO. #EsNoticia https://t.co/wTRFMcGevi pic.twitter.com/xz1GGqPZbR

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 13, 2023