Ejército apartó a 10 militares de su cargo por intimidaciones a campesinos en Tierralta
Una acción disciplinaria fue interpuesta recientemente debido al escándalo en torno al Ejército Nacional, por la presunta participación de algunos de los miembros del Batallón de Infantería N.33 de la Décima Primera Brigada, en la agresión que sufrieron habitantes de la vereda El Manso de Tierralta en Córdoba.
En la mañana de este jueves, 14 de septiembre, se dio a conocer la destitución temporal de 10 militares de sus cargos como parte de la investigación que cursa sobre el caso, así lo informó el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina.
“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, dijo el general Ospina.
De acuerdo con el comandante, los uniformados se habrían separado del pelotón y por ese motivo fueron apartados de su cargo como una muestra de transparencia para que no puedan interferir en la investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mientras que la Justicia Penal Militar se encargará de la investigación por los delitos de abuso de autoridad especial en averiguación de responsables.
Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó los hechos en donde fue atacado un helicóptero que se dirigía con una comisión de la Procuraduría a Tierralta, para atender las investigaciones que involucran a miembros del Ejército que, presuntamente, se hicieron pasar por guerrilleros del frente quinto de las disidencias de las Farc para hostigar a la población de la vereda Bocas del Manso.
“Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existe garantías de investigación en Colombia. El Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana”, indicó el fiscal Barbosa.
El ente investigador aseguró que en las próximas horas se hará un oficio al presidente Gustavo Petro, en conjunto con la procuradora Margarita Cabello, que solicitó garantías para la comisión que tuvo que aterrizar de emergencia en Carepa, Antioquia.
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