Una vez la Sala Plena de la Corte Constitucional finalizó la revisión del Decreto 1085 de 2023, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, este fue tumbado con seis votos a favor y tres en contra. 

En la decisión de la sentencia, con ponencia conjunta de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado José Fernando Reyes, salvaron su voto las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo y el magistrado Juan Carlos Cortés. Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.

Con este fallo, el tribunal determinó así inexequible el decreto, no obstante, dio un año para que el Gobierno, junto con las entidades y autoridades regionales, solucionen y legislen normas para atender la crisis de este vulnerable territorio.

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“Conceder EFECTOS DIFERIDOS a esta decisión por el término de un(1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, se lee en el comunicado emitido, para que no se sigan presentando más problemas en este departamento, por ejemplo, en lo relacionado al servicio de agua y salud.

En tercera instancia, la Sala Plena también adoptó la decisión de exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en La Guajira y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Así mismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.