Una indagación previa fue abierta por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra de funcionarios, por determinar, de los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas, que contaban con un presupuesto cercano a los $30 mil millones. 

“La indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un acuerdo, por un poco más de 4.900 millones de pesos, para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)”, indicó la entidad. 

Lupaa presuntas irregularidades en convenios por $30.000 millones con organizaciones indígenas, por lo que la @PGN_COL abrió investigación a funcionarios por determinar de @MinInterior y @MinAmbienteCo. #EsNoticia. https://t.co/5hq7UtFhbG pic.twitter.com/QFA5D3mclU

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 18, 2023

Por otra parte, se indagan servidores por establecer del Ministerio del Interior, por la firma de un contrato por 25 mil millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que tenía como objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC). 

De acuerdo con la Procuraduría, al parecer, se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados. 

“Igual situación pudo presentarse en algunas actividades puntuales, a las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado para las acciones que se debían desarrollar”, señaló la entidad. 

Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos. 

Y concluyó que: “con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables”.