Durante la visita a Ibagué el principal tema que se tratará será sin lugar a dudas el del hospital Federico Lleras y la intervención que completó los 4 años sin que se vea una salida de la crisis contundente.

Econoticias dialogó con el alto funcionario quien manifestó que al revisar la situación del hospital encontró que la intervención ha sido muy buena y le ha servido a la región.

“La intervención se hizo por problemas administrativos falta de pago de salarios, pago a proveedores, el hospital hoy en día está en un rumbo muy bueno y hemos logrado pagar prácticamente todos los pasivos del hospital, el Gobierno Nacional logró girarle casi 48 mil millones de pesos lo que le permite estar al día con la nómina y proveedores, hoy es un hospital que está a corriente”.

El superintendente aclaró que por supuesto continúan los problemas sistemáticos con las EPS e indicó que está realizando un amplio trabajo para lograr que giren los recursos a los diferentes hospitales del país y recordó que las EPS que no cumplan van a desaparecer.

¿Ha servido la intervención por parte de la Superintendencia?

El superintendente indicó que se deben mirar las cifras y analizar que al tomar el hospital no estaba por buen camino pues se adeudaban cerca de 6 meses al personal de planta y 12 meses a los contratistas por lo que el hecho de que la nómina hoy en día esté al día y que los servicios estén abiertos, habla por sí solo.

“Tan raro que algunos dicen que lo devolvamos porque ha sido mala pero otros no quieren que lo regresemos. La idea es utilizar la plata de la venta del Limonar porque básicamente estructuralmente no lo podemos recuperar, el solo arregló costaría cerca de 50 mil millones de pesos al departamento, el lote donde está ubicado el hospital permite que haya crecimiento y que mejoremos la tecnología, cuando se tienen dos hospitales hay que tratar de fortalecer al que está bien”.

Fabio Aristizábal afirmó que el dinero de la subasta se va a utilizar en el fortalecimiento de la infraestructura y del hospital Federico Lleras. Sin embargo, indicó que se debe tener en cuenta que todo el país vive una crisis por la liquidación de EPS en el pasado porque el dinero que quedaron debiendo ya no se va a recuperar.

“Entiendo la preocupación pero el mismo Gobierno ayudó a pagar el pasivo. Necesitamos tomar decisiones pues permitimos que estas EPS sigan creciendo con su deterioro o las frenamos ya, porque igual a futuro muchas de ellas no van a tener con qué pagar lo que deben, están dejando carteras inmensas a los hospitales pero al liquidarlas nos damos cuenta que no tienen con qué pagar, el Hospital Federico Lleras va muy bien pero hay que entender que es del departamento y no de la Superintendencia”.

El funcionario además explicó que actualmente la venta de servicios del Federico Lleras le permite funcionar y tiene contratos a 60 y 90 días.

También comentó que de entregar el hospital estaría casi libre de pasivos por lo que se tiene que mirar a futuro como seguirlo fortaleciendo para que salga adelante y pueda brindarle servicios de calidad a los tolimenses.

“Tengo que conversar con el gobernador pero quiero que entiendan que los hospitales no pueden permanecer intervenidos por la Superintendencia indefinidamente, la intervención se hace para corregir el rumbo pero el Federico Lleras ya lleva 4 años y está en una situación económica que le permite a la Gobernación empezar a manejarlo”.

El superintendente sin embargo aseguró que se tiene que sentar a dialogar con Óscar Barreto para tomar la decisión adecuada para el departamento.

Medidas para poner a las EPS ‘en cintura’

Puntualizó que recién llegó a la Superintendencia emitió una circular con los parámetros con que van a realizar la vigilancia sobre las EPS y a los pocos días sacaron una resolución en la que pusieron a 16 EPS con una medida de vigilancia especial y no pueden recibir nuevos afiliados ni aceptar traslados.

“Dimos unos plazos y requerimientos, uno de ellos es que a los 30 días deben mostrar las condiciones de habilitación y 30 días después la red con la que está trabajando la población porque se supone que si una EPS tiene caracterizada a su población debe tener una red suficiente para atenderlos, si no es así no podrá seguir funcionando en Colombia, tomamos medidas drásticas”.

Además indicó que se radicó un proyecto en el Congreso para que las  sanciones no sean de mil millones sino hasta de 8 mil SMLV, sancionar a gerentes y representantes legales, remover revisores fiscales y gerentes así como inhabilitarlos hasta 15 años en entidades públicas y privadas.

“El otro año la red primaria y alterna la va habilitar la Secretaría Departamental de Salud, si están mintiendo al país no le damos habilitación o se la revocamos, se vienen decisiones difíciles. El país está en mora de dar un debate de tarifación del sistema de salud con tarifas de piso y techo, no solo las urgencias sino otros servicios como pediatría no son rentables”.