Una polémica se viene tejiendo en torno a los derechos de la comunidad LGTBI y los decretos que ha emitido la Presidencia a su favor.

El abogado Mauricio Gómez explicó que a inicios del 2018 el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para la prevención de la discriminación por orientación sexual avalando una etiqueta para que dentro del país en lugares como discotecas, restaurantes, centros comerciales etc., se evitarán situaciones de exclusión.

“El decreto fue promocionado por youtubers colombianos como Juan Pablo Jaramillo y Cristian Castiblanco quienes buscaban entornos libres de situaciones de exclusión para la comunidad LGTBI y personas diversas. Sin embargo a inicios de noviembre un promotor del movimiento ‘Ni Cartillas ni Decretos’, Samuel Ángel, empezó a convocar marchas programadas por considerar que se está empujando a los colombianos a ser homosexuales”, indicó el jurista.

El abogado explicó que los decretos son los 762 y 410 del 2018, el primero busca crear una política pública para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGTBI y entidades de genero diversas, el segundo protege a estas comunidades de la discriminación por orientación sexual.

“Samuel Ángel argumenta que con estos decretos se empuja a los niños, niñas y adolescentes a ‘mariquiarse’ porque tocan la ideología de género, este mismo señor protestó en el 2016 por las cartillas de Gina Parodi y ahora argumenta que la extrema izquierda está atentando contra la familia”.

El abogado explicó que la Corte Constitucional aseguró en su momento que no había protección de los derechos fundamentales y sociales de la Comunidad LGTBI y por ello había ausencia de garantías para este sector de la población, para ello se crearon los dos decretos.

Comentó que el decreto 410 no busca imponer ideologías a nadie y se creó a partir de un acto de discriminación en un restaurante donde sacaron a una pareja por ser homosexual.

“Hace un mes ocurrió otro hecho de discriminación en Bogotá en un lugar llamado Mozo Bar Club en contra de una reconocida activista, Juli Salamanca, ella iba vestida de blazer y pantalón, al momento de la requisa ella argumentó que era una mujer trans y por tanto quería que fuera una mujer quien la requisará, sin embargo el hombre de la puerta se burló de ella y realizó el procedimiento de forma grosera, a raíz de esto se hizo un dialogó entre la Alcaldía, el bar y la víctima decidiendo finalmente pedirle disculpas públicas y realizar una fiesta para recaudar fondos y así llevar regalos a los reclusos y reclusas de la comunidad LGTBI”.

Para Joaquín Gómez estos decretos no buscan agotar los recursos del Estado pues simplemente buscan dar cumplimiento a muchas de las ordenes que ya había dado la Corte Constitucional como unión material de hecho, matrimonio civil, derechos laborales, de salud, entre otras cosas.

“Ciertos sectores religiosos y la ultra derecha quieren apelar al desconocimiento y al miedo de los colombianos para que se subleven contra lo que no conocen, queremos que tengan en cuenta que estos derechos no invaden ninguna ideología de género, es un decreto presidencial y es muy curioso que le quieran hacer oposición cuando muchos presidentes lo han hecho, incluso en el Gobierno de Uribe”.