El Gobierno Nacional expidió el Decreto 538, del 12 de abril de 2020, que busca fortalecer y mejorar, de manera integral, todos los servicios de salud que se prestan en el país para el manejo de la pandemia por el covid-19.

La norma implementa medidas relacionadas con la habilitación de nuevos espacios hospitalarios en el país, la optimización de las unidades de cuidado intensivo y de cuidado intermedio, y la regulación en materia de transferencias directas de recursos por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

Los panelistas en esta ocasión fueron: Carlos Andrés Ramírez, diputado del Tolima por el Partido Político MIRA y Wilson Cediel médico, con quienes se abordó la polémica del decreto en su artículo 9. 

“Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia del coronavirus covid-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicio de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, se refirió ante este tema en el que espera que se den las garantías de protección al personal médico que lucha tratando casos de la pandemia COVID-19. 

“No hay excusas para brindar todos los elementos de protección a los trabajadores de la salud. El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo enorme para girar los recursos de manera oportuna”, indicó. 

Además, reveló las acciones que se están adelantando para poder brindarles a los profesionales de la salud las garantías básicas. 

“Llegarán recursos de compra de cartera y aceleraremos el pacto de acuerdo de punto final, una deuda vieja que tenía el estado con todas las aseguradoras”, expresó. 

Finalmente, hace un llamado a gobernadores y alcaldes para sanear deudas con el sector salud, con el fin de poder atender mejor la emergencia sanitaria.  

“Quiero hacerle un llamado a los gobernadores y alcaldes para que pongan empeño y celeridad en la auditorias de esas cuentas para que les permitan sanear con el sector salud todas las cuentas en sus departamentos”. 

Carlos Andrés Ramírez, asambleísta del Tolima, recalcó que se viene pidiendo las garantías para el personal médico que labora en las diferentes instituciones de salud.  

“Nosotros hemos venido haciendo el llamado respetuoso para que a todos los colegas se les brinde las garantías, a todos los profesionales de la salud desde los auxiliares de enfermería, camilleros, enfermeras y enfermeros en médicos todo el equipo de trabajo de las entidades de salud que tengan todas las garantías de protección”, indicó. 

Sin embargo, espera que mediante la determinación que las ARL garanticen implementos a trabajadores que tiene alto riesgo de contraer el virus, se den de forma oportuna. 

“Con el decreto que expedido el día de ayer, esperamos que ese dinero que ha sido girado a la santidad a las ARL sea la garantía para la entrega oportuna como lo dijo ayer el ministro en menos de 72 horas la entrega oportuna de todos estos implementos o elementos de protección personal necesarios para que nuestros colegas para que los demás profesionales no terminen siendo también pacientes contagiados por el covid-19”, aseveró. 

Wilson Cediel, revivió la polémica al decretar la obligatoriedad de todo el personal médico ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19. 

“La polémica se centra en el artículo 9, donde se plantea la obligatoriedad para todo el talento humano de salud para todos los trabajadores de la salud de acudir a un llamado que haga el Ministerio y las entidades territoriales de salud para apoyar y para reforzar la atención de los pacientes en medio de la pandemia por el coronavirus”, dijo Cediel. 

Y, añadió que “esto pues cae como un baldado de agua fría a todos sus trabajadores frente al reclamo que se ha hecho de elementos de protección personal de estabilidad laboral”. 

Finalmente, aseguró que el decreto no establece garantías en entrega de implementos, “eso pues genera un malestar en todos los trabajadores que están o sea consultado y en el mismo decreto todavía no hay una certeza de la de la de la entrega de los elementos de protección personal”, concluyó.