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Procuraduría destituyó e inhabilitó a exgobernadora de La Guajira por 10 años

Tres personas más estarían implicadas en las irregularidades en una licitación por más de 20 mil millones de pesos.
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Tomada de Internet
24 Mayo 2022 - 12:19 COT por Ecos del Combeima

En las últimas horas de este martes 24 de mayo, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, que con elementos materiales probatorios, comprobó las irregularidades en un contrato por $20.453.932.366.

Cabe resaltar que, el contrato fue suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira", donde la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, evidenció que la señalada habría firmado el contrato 009 del 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia - FUNTICS.

De acuerdo con el ente de control disciplinario, el proceso contractual en el que participó la exgobernadora Pinto Pérez, faltó a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal. Además, la Procuraduría mencionó que, “no existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”, sostiene en el comunicado.

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Por otra parte, la autoridad agrega que, la restricción fijada ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la Entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para hacer la respectiva selección. El ente de control indica que, el Ministerio Público a través de su Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, había advertido en un informe que en el proceso de licitación podrían presentarse irregularidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, la procuraduría estableció que, "la conducta de la exgobernadora fue calificada de forma definitiva como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima". La decisión tomada por el ente de control disciplinario acotó que el fallo implica también a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, en su momento, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.

Finalmente, la autoridad concluyó que contra la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

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