La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que adelantar el plan de formalización laboral en cuatro meses “es una carga imposible de ejecutar” y así lo planteó en una carta enviada al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade.

En la comunicación, conocida por Econoticias, la Ministra presentó una serie de observaciones a la ‘Circular Conjunta No 100- 005 -2022, Lineamientos del Plan de Formalización de Empleo Público en Equidad – vigencia 2023’, y pidió que se module para que las entidades públicas puedan iniciar sus procesos de formalización de manera gradual y sistemática.

“Se observa que la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen, y por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral pueden ser realizados en cuatro meses  y sin las  apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de  recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) sino también imponen una carga imposible de ejecutar en los tiempos que la circular establece”,  dice el documento.

Según la Ministra, no se atendieron las recomendaciones del Ministerio de Trabajo ni las conclusiones de Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad que se realizó en noviembre.

“Desde esta cartera ministerial observamos con extrañeza que el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) haya emitido la circular conjunta No 100- 005 -2022, Lineamientos del Plan de Formalización de Empleo Público en Equidad – vigencia 2023, sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales”, advierte.

Por cuenta de la anterior, la Ministra Gloria Inés Ramírez propone varias recomendaciones, entre ellas, que durante la vigencia 2023 las entidades públicas realicen en una primera fase, un proceso de formalización laboral de implementación progresiva que de prevalencia a los auxiliares, técnicos y personal asistencial.

En la segunda fase, se deben adelantar los procesos de planeación y estructuración del proceso de formalización de los profesionales para la siguiente vigencia, de acuerdo con los estudios técnicos pertinentes. En aquellos casos en los que los estudios de cargas ya se hayan efectuado y estén aprobados, se deberá agilizar el proceso de formalización.

Agrega que los estudios técnicos de cargas laborales deben responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en consideración de las necesidades y particularidades de cada entidad; además de contar con la respectiva disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, recomienda que la Procuraduría General sea garante de los procesos de formalización en los municipios y departamentos.