Aunque no se conoce el texto final del proyecto de ley que el Gobierno va a presentar al Congreso para reestructurar el sistema de salud, Gestarsalud, gremio de EPS con énfasis en el régimen subsidiado, elaboró un análisis técnico a algunos puntos que han trascendido de la reforma. 

El mensaje es claro: la reforma a la salud pondría en riesgo muchos de los avances que ha alcanzado el país en los últimos 30 años, señala la organización.

Las siete preocupaciones
1 Se eliminan las EPS y se crea un monopolio público con alto riesgo de corrupción 
El proyecto de Ley establece que sea el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, quien de forma descentralizada administre los recursos públicos de la salud. Esos dineros, se asignarían a unos fondos regionales que pagarían de forma directa por las atenciones. 

De esta forma, según el gremio, el proyecto de reforma a la salud elimina a todas las EPS, incluso las mejor calificadas, sus funciones son asignadas a otras entidades sin experiencia y se crearía, de fondo, un monopolio público en manos de la Adres. 

La gente ya no podría elegir quién lo afilia y no se sabe con claridad quién va a responder por usted y sus necesidades. Se regresaría así a muchos de los problemas del Seguro Social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones. 

2 Los CAP
La puerta de entrada de una persona al nuevo sistema será su Centro de Atención Primaria, CAP, en salud. Cada uno prestaría servicios básicos a entre 20 y 25 mil personas. 

Todos los ciudadanos deben registrarse en el CAP más cercano a su casa. Los pacientes que requieran atención con especialistas serán remitidos desde el CAP a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que hagan parte de su red. 

Con esta figura hay riesgo de que aumenten los tiempos de espera y la congestión porque la gente tendría menos puertas de entrada para ser atendido. Usted no podría elegir esa puerta de entrada. Hoy las personas tienen opciones de elegir dónde pueden ser atendidos. 

Con la reforma, para ser atendido solo puede ir a un CAP en el que tendrá que inscribirse junto a su familia. Es decir, tendrá que hacer todo ese trámite de empadronamiento y perder la afiliación  que ya tenía con su EPS. Y así cada vez que se cambie de casa o municipio. 

3 Sistema costoso
Se plantea un esquema donde se prestan servicios con un pagador único sin incentivos para racionalizar y un tarifario único que puede ser perjudicial. 

La plata de la salud es limitada y con la reforma no se sabe quién la controlará. No habrá bolsillo que aguante porque sin las EPS se gastará mucho más que ahora. Las EPS han permitido que el sistema sea sostenible y han sido aliadas de las finanzas públicas haciendo compras inteligentes y auditoría. 

Con la reforma, nadie controlaría ni auditoría el gasto y el sistema estaría en riesgo de quiebra. Con la propuesta se perderían los incentivos para racionalizar el dinero. Hoy ese incentivo es la UPC, que con la reforma dejaría de existir. Se ha comprobado que si no hay un responsable de controlar el gasto cualquier presupuesto se agota muy rápido y solo alcanzan los servicios para unas personas. 

4 Sistema de información único que desconoce la historia 
La reforma propone un sistema único de información del sistema de salud, desconociendo lo que han avanzado en las últimas décadas la ADRES, EPS, IPS, la Cuenta de Alto Costo y el propio Ministerio de Salud. 

Hoy, por ejemplo, en SISPRO se registran 800 millones de prestaciones al año por más de 10 mil prestadores públicos y privados. Lo que se necesita, más que un sistema único, es que toda la información existente sea interoperable, incluida la historia clínica, como no sucede hoy. 

Empezar de cero devolvería al país 40 años en la tecnología, indica Gestarsalud. 

5 Falta de participación 
El Proyecto de Ley contempla los dos ámbitos de la participación que están contemplados en la Ley Estatutaria de Salud, por una parte, debe garantizar la autonomía en la toma de decisiones por parte del paciente y la participación en las decisiones del sistema de salud. 

El derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que lo afectan o le interesan. 

Ninguna de estas premisas ha estado presente en la construcción de la reforma. El secretismo y los mensajes a cuentagotas desde el Ministerio de Salud han marcado este proyecto de reforma a la salud. Se ha notado una participación selectiva, discriminante y discriminatoria en la construcción del texto de la reforma, que borra el derecho a la participación consagrado en la Ley Estatutaria de la Salud. 

6 Laboralización de los trabajadores de la salud 
El proyecto propone la laboralización de trabajadores de la salud mediante las cuatro modalidades que ya contempla el Código Sustantivo del Trabajo. 

Mejorar las condiciones del Talento Humano en Salud es el deseo de todos, pero la gran pregunta es cómo. Primero se debe tener claro cuántos trabajadores hay, cuántos están precarizados y cuánto costaría formalizar su contratación a través de una vinculación directa con el Estado. 

Según Rethus, en el 2020 había registrados 406.833 trabajadores de la salud en todo el país. Plantear esta formalización necesita un diagnóstico claro de la situación actual del THS, un plan y una financiación sostenida. 

7 Gobernanza del nuevo sistema de salud 
El proyecto de ley plantea una nueva gobernanza del sistema de salud con el renacimiento del Consejo Nacional de Salud y otros consejos departamentales y municipales, que ejercerán la función de autoridad sanitaria en el territorio correspondiente. 

El Consejo Nacional de Salud será una instancia de dirección del sistema de salud, adscrita al Ministerio de Salud, con autonomía decisoria y estaría integrado por 37 miembros. Retomar el Consejo Nacional de Salud es una iniciativa valiosa porque en el pasado mostró ser una instancia clave en la toma de decisiones del sistema. 

Sin embargo, se debe revisar qué actores van a participar y analizar si tener 37 miembros permite llegar a consensos y darle un carácter técnico a esta instancia, sin caer en dinámicas politiqueras o intereses individuales.