La polémica reforma a la salud ha sido uno de los proyectos de ley más cuestionados del Gobierno de Gustavo Petro, pues son muchos los opositores que han alzado su voz frente a lo que millones de colombianos perciben de la iniciativa que promete transformar la función de las EPS en Colombia, más no eliminarlas, entre otros importantes cambios.

Al respecto, el jurado representante a la Cámara Martha Lisbeth Alfonso, manifestó que “durante muchos años el derecho a la salud ha sido uno de los más vulnerados en un estado social de derecho en el que debería ser fundamental. No es un secreto, que ha sido un derecho de los más tutelados en Colombia, cerca de casi 9 millones de tutelas se han interpuesto en estrados judiciales”, señaló Alfonso en conversación con Econoticias este miércoles 22 de febrero.

La congresista indicó que el proyecto de ley del sector de la salud “ está planteando un cambio en el enfoque de comprender la salud en Colombia, se están tejiendo muchas mentiras alrededor (...) La reforma a la salud no está planteando una estatización del sistema de salud, este va a mantener la prestación de los servicios por parte de clínicas privadas (IPS privadas, mixtas y públicas), lo que está planteando es una intermediación financiera que ha sido innecesaria”, explicó la representante a la Cámara.
 
Así mismo, Alfonso aclaró el papel real que tienen las EPS dentro del sistema de salud del país, apuntando a que estas no prestan el servicio de salud, pues en realidad administran el recurso y afilan a los ciudadanos. 

“Por cada afiliado recibe algo que se llama la UPC, un pago que el Estado le hace a las EPS para que asegure el riesgo financiero del sistema, y en teoría, garantice el acceso a la salud a través de las IPS con las que hace contratos, ese recurso lo han acumulado durante décadas, han garantizado la afiliación de la personas pero no el acceso a los servicios, es decir, han garantizado algo que se llama la cobertura, que en Colombia está a más del 90% de los colombianos están afiliados a una EPS, pero eso no ha garantizado el servicio, ni calidad a los pocos servicios a los que accede la gente”, acotó. 

Así las cosas, la congresista aclara que lo que está planteando la reforma, es la eliminación de esa intermediación y que haya un pagador único estatal, teniendo en cuenta que se trata de un recurso público.

“Ningún recurso en la salud es privado, es público y lo correcto es que haya una gobernanza de esos recursos por parte del Estado, se fortalece un fondo que ya existe, no se crea ninguno, ya existe el ADRES, ese fondo se fortalece; va a tener unas capacidades territoriales, tendrá unos consejos territoriales de salud, pero es el pagador único y el administrador único. Es falso que se le vaya a transferir a gobernadores y alcaldes recursos de la salud para la prestación de los servicios”, puntualizó. 
 
En ese orden de ideas, entonces, ¿con la reforma, se busca estatizar la salud y volver al Seguro Social? Ante este interrogante, el senador por el Tolima, Carlos Julio Gonzáles Villa, expresó que el cambió tampoco va encaminado al anterior sistema que tampoco era funcional.

“Las EPS definitivamente han abusado de la salud de los colombianos, una costosa intermediación financiera, una corrupción que ha causado un enorme malestar y que ha tenido impacto sobre la calidad de vida de los colombianos. Nos preocupan aspectos de la manera como lo vamos a hacer y es así cómo lo vamos a hacer y es ahí donde estamos buscando una modulación de experiencia, realidad y expectativa, y en ello pues tampoco queremos regresar al antiguo seguro social, tampoco creemos que esa sea la solución”, dijo.

Y agregó que el interés real del proyecto de ley es generar un escenario sin intermediarios y corrupción, con capacidad y el acceso a todos los servicios del sistema de salud. 

“Estamos buscando un punto intermedio, en donde logramos por ejemplo integración vertical cero, que es uno de los aspectos fundamentales de una posible reforma a la salud, buscamos una Superintendencia de Salud realmente dotada, una entidad que no sea tan corrupta como lo que hemos visto lamentablemente hasta hoy, también cómo hacemos para aprovechar la infraestructura que tenemos (...) Articulación entre lo privado y lo público”, indicó el senador

Finalmente, concluyó que desde el Senado de la República van a “tratar de incluir en la reforma compras públicas de medicamentos e insumos, un nuevo mecanismo para la elección y designación de los gerentes tanto municipales como departamentales, un nuevo mecanismo de control y vigilancia, eso de los cuatro años elegidos y de ahí ‘no los mueve nadie’, y lo único que ha traído es un lamentable desorden administrativo porque no hay capacidad de seguimiento y de sanción”.