El proyecto de ley sigue siendo señalado constantemente, especialmente por varias figuras del mundo de la política. Ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.

Los jefes de cartera elaboraron un documento de 17 páginas donde alertaron dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento con EPS públicas, privadas o mixtas. Así mismo, que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria.

También hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el presupuesto de la Nación, puesto que según los cálculos, los gastos adicionales por atención primaria pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones en 2030. Sin la reforma, el costo sería únicamente de $8,8 billones el primer año y de 10,8 en ocho años.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, ha defendido la reforma de sus opositores, así lo demostró en una serie de trinos, mientras esta es debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Simplemente si se aseguramos los 7 millones de afiliados de las EPS hoy en quiebra a la Nueva EPS o a Sura, ya obtendrá el modelo del ICSS del pasado pero multiplicado por 4. El ICSS no superó los 4 millones de afiliados como seguro. https://t.co/DS7mlkxoYM

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2023

Creo que el dilema ha sido planteado al revés: que lo público es el enemigo a desterrar y que el estado no puede crear capacidades.

En un sistema preventivo de salud, la prevención limita el mercado, solo es posible, y asi el mundo lo demuestra, con la salud pública. https://t.co/5wGg0L6QYa

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2023

La discusión inició por el mismo jefe de Estado, luego de una acalorada semana en redes sociales en donde las imprecisiones fueron llenando la conversación en la red social Twitter. 

Y es que, entre las mayores críticas que ha tenido el nuevo sistema de salud que propone el Gobierno, está la de empezar a desaparecer las EPS y sus funciones. Por otro lado, volver a tener un sistema público similar al de hace 30 años con el seguro social.

Otro aspecto que preocupa a los ministros, son los gastos en dotación de infraestructura y equipos para los Centros de Atención Primaria (CAP) , que llegaría a los 5,1 billones de pesos en 2030, con un impacto fiscal de 4,8 billones pero que sin la reforma sería de apenas 3 billones en ocho años.

De igual manera, la eliminación de los copagos y las cuotas moderadoras dejaría un hueco cercano al billón de pesos y según los jefes de cartera, el Gobierno no puede modificar esta parte de la Ley porque es un asunto que le compete al Congreso de la República.

Así las cosas, de realizarse la totalidad de los gastos propuestos por la reforma a la salud, el costo fiscal de la iniciativa sería de alrededor de $16,9 billones adicionales el primer año y 21,8 billones para el segundo.