Debido al número de personas que se vieron afectadas con la repentina suspensión operacional de Viva Air, la aerolínea ahora enfrentará una investigación en la Superintendencia de Transporte.

“La Superintendencia de Transporte encontró méritos para abrir investigación administrativa y formulación de cargos, sustentada entre otras cosas, en que la aerolínea en mención no acompañó dicha suspensión con el suministro de información completa, veraz, oportuna y precisa a cada uno de los usuarios, según lo ordenado por el Estatuto del Consumidor y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”, indicó el ministerio de Transporte en un comunicado.

Cerca de un millón de pasajeros en el país aún están en vilo, esperando que sus casos sean solucionados lo más pronto posible.

Por lo pronto, la entidad reguladora aseguró que la decisión de Viva Air fue “súbita”, ya que los pasajeros no fueron prevenidos de este importante acontecimiento, ni tampoco se detuvo la venta de tiquetes una vez fue definida la suspensión.

Y es que, muchos pasajeros que ya tenían reservas y tiquetes comprados no fueron alertados, y según el reciente pronunciamiento de la compañía aeronáutica, esta no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de devolución.

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que su cartera está presente en 19 aeropuertos del país para asesorar a los pasajeros que resultaron afectados por el cese de operaciones.

El jefe de la cartera no descartó que se tomen medidas cautelares para proteger a los usuarios. Señaló que evaluarán la devolución de los dineros de tiquetes comprados y la garantía de alojamiento y alimentación para los pasajeros que quedaron atrapados en una ciudad distinta a la de residencia.

#EnDirecto | Declaración del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes al término de la reunión sobre la situación de Viva Air. https://t.co/dTATUbFCob

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) March 1, 2023

Con la apertura de la indagación, Viva sería sancionada con multas que van entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.