En audiencia pública citada por la representante a la cámara, Martha Alfonso, el diputado Renzo García, el concejal Jaime Tocora y las veedurías por el agua de Ibagué, se dieron a conocer graves situaciones que demuestran la violación del derecho al agua en esa ciudad, las carencias en la planeación del crecimiento urbano y la falta de control y acción efectiva de la administración municipal y de entidades de orden nacional frente al otorgamiento de licencias de construcción de vivienda y disponibilidades para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en diferentes comunas de Ibagué.

Voceros de la comunidad expusieron los problemas cotidianos vinculados a los racionamientos a los que son sometidos y cuestionaron a las entidades como el Ministerio de Vivienda por la entrega de subsidios a unidades habitacionales que no contaban con agua potable.

Los habitantes de Arboleda Campestre, Alminar Samoa, Altos de Miramar y varios conjuntos residenciales calificados como vivienda popular, e incluso, habitantes de sectores exclusivos como Calambeo, denunciaron el abandono al que han sido sometidos por la administración municipal y el IBAL S.A E.S.P., así como entidades departamentales como Cortolima, la Contraloría delegada en el Tolima y entidades nacionales como el Ministerio de Vivienda y las Superintendencias de Notariado y la de Servicios Públicos; ante representantes de todos ellos narraron las penosas situaciones que deben vivir por la falta de agua y alcantarillado.

La congresista Martha Alfonso destacó que, “si bien existe soporte documental que hace parecer los licenciamientos para la construcción de vivienda popular como documentos dentro de la norma, lo que ha quedado demostrado con esta audiencia es que esos licenciamientos son irregulares porque no están garantizando disponibilidad de agua para la gente. Durante años la comunidad ha denunciado esas irregularidades en el licenciamiento urbanístico y las autoridades responsables de Ibagué, el departamento y la nación no han actuado con idoneidad ni celeridad, permitiendo que el fenómeno crezca en Ibagué, afectando cada vez a más personas y familias que se ven sometidas a violaciones de sus derechos humanos, su dignidad, su salud y su vida”.

El diputado Renzo García cuestionó a la administración municipal por los racionamientos permanentes de agua y por la entrega de licencias de construcción a más de unidades habitacionales que no cuentan con garantías y tampoco con planeación hidro- sanitaria.

El concejal Jaime Tocora señaló la importancia de adelantar investigaciones sobre los convenios entre las constructoras y la administración municipal por entregar licencias de construcción en lugares que no tienen agua. Magaly Leitón, de las veedurías de por el agua de Ibagué, señaló el incumplimiento al ordenamiento legal que obliga a la alcaldía a garantizar la prestación óptima de estos servicios públicos y detalló la falta de acción por parte de los entes de control regional y nacional.

Andrés Rodríguez funcionario de Cortolima, afirmó que, frente a las denuncias de falta de control y calidad en la presentación de los servicios, la entidad adelantará procesos para tomar medidas administrativas ante las denuncias expuestas en la audiencia pública. En el mismo sentido se pronunciaron la Contralora Delegada para Asuntos Ambientales, la delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos y la delegada para asuntos de agua y saneamiento básico del Ministerio de Salud.

El delegado de la procuraduría judicial, Daniel Rubio, invitó a las autoridades competentes a organizar de manera efectiva las rutas necesarias para dar soluciones reales y concretas a las comunidades afectadas por la falta de agua potable y alcantarillado en las comunas de Ibagué. El funcionario destacó una cifra relevante para el debate y es que el IBAL concesionó tres mil 309 litros de agua por segundo, además añadió que el 50% del agua de la ciudad se pierde por la pésima calidad y fugas en las tuberías.

La representante a la cámara por el Tolima, de la coalición Alianza Verde – Pacto Histórico, invitó a las autoridades locales, regionales y nacionales a tomarse en serio los problemas del Tolima y de su capital y dar resultados contundentes ante los graves problemas de planeación urbana, responsabilidades fiscales y violaciones a derechos humanos fundamentales sobre los cuales quedaron notificados con esta audiencia pública, invitando a la conformación de mesa técnica que permita concretar las acciones necesarias y recuperar el acceso y calidad del agua potable en Ibagué.