Los firmantes del Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud, que han suscrito hasta hoy más de 90 mil ciudadanos, solicitaron el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, con el fin de avanzar en la construcción de una mejor reforma para los colombianos.

Este movimiento ciudadano quiere manifestar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, su preocupación por el texto aprobado en el primer debate, que si bien contiene algunas mejoras, como la eliminación de los fondos regionales, plantea cambios al sistema, que son regresivos en la garantía del derecho fundamental a la salud para todos los colombianos.

En primer lugar el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud, señala que la continuidad de la atención a los pacientes no está garantizada en el modelo aprobado, toda vez que fragmenta los niveles de atención y no contempla la gestión integral de la salud en cabeza de un agente responsable por los usuarios. 

Sostiene la organización civil que de avanzar en la aprobación del modelo propuesto, los pacientes sufrirán un retroceso en los niveles de atención alcanzados por el sistema actual. Se pierde el derecho a la libre elección de su asegurador y su prestador y quedan sujetos a un sistema de referencia y autorizaciones, en muchos casos operado por un ente público. 

Igualmente indican que la reforma no plantea una ruta clara para la dispensación de los tratamientos que requieren los pacientes, esto amenaza con aumentar el gasto de bolsillo, empobreciendo a las familias colombianas. 

Para los firmantes del Pacto, las funciones asignadas a los Centros de Atención Primaria, a las Gestoras de Salud y Vida y a la ADRES no están armonizadas, generan confusión en los roles y responsables y ponen en riesgo la operación del sistema de salud y la atención para los usuarios. Así mismo las funciones entre el Ministerio de Salud y los entes territoriales. Esta complejidad en la institucionalidad del sistema de salud se traduce también en la pérdida para el paciente de la ruta de atención y limitaciones para accionar su derecho a la tutela. 

La transición hacia las Gestoras de Salud y Vida no considera la complejidad de la operación que actualmente realizan las EPS y amenaza la continuidad de los servicios para los usuarios. 

Consideran los firmantes que la concentración de facultades en la ADRES que trascienden la gestión de pagador único y buscan asignarle otras gestiones administrativas propias de los aseguradores, representa un riesgo enorme para el sistema y lo expone a su parálisis. 

Es recurrente la incapacidad del Estado de gestionar atenciones masivas, con lo cual, frente a un incumplimiento reiterado en su obligación de garantizar el derecho a la salud, puede derivarse en un estado de cosas inconstitucional, y derivar en un colapso del sistema de salud. 

Igualmente señalan que la reforma no protege los recursos de la salud. La convivencia de presupuestos para la atención primaria, que aumentan en detrimento de la UPC para la mediana y la alta complejidad, rompe la contención integral del presupuesto y lo expone a su desborde. 

Tampoco protege a los más de 100 mil trabajadores vinculados a las EPS ni contempla un plan de reconocimiento de los derechos acordados a través de convenciones colectivas de cientos de sindicatos que desaparecerían. 

Ha desconocido desde el inicio de su trámite, el contenido y alcance estatutaria de varias de sus disposiciones, ha violado en su proceso varias de las disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1992, exponiéndose a vicios de constitucionalidad y amenazando su vocación de permanencia, con enorme riesgo para el sistema de salud.

Lo que se busca es abrir el debate y escuchar las voces de todos los actores del sistema, mientras se avanza con celeridad para dar inicio al debate en plenaria de Cámara esta misma semana, donde persisten las mismas alertas elevadas desde el inicio de la discusión.