En medio del proceso que estudia la Corte Constitucional contra los artículos 12 y 18 de la Ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total, presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, la constitucionalidad rechazó dos recusaciones presentadas contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

La Sala Plena del alto tribunal estudió las dos solicitudes, alegando que el hecho de que se filtrara el sentido de la ponencia que pide tumbar una de las leyes bandera del Gobierno Nacional, afectaría la imparcialidad de los magistrados que discutan la demanda. 

Por lo que las dos recusaciones pedían que Ibáñez se apartara de la discusión, no obstante, el alto tribunal encontró que estas solicitudes fueron impertinentes, determinando que estas no cumplían con los requisitos necesarios para darles trámite.

“PRIMERO. RECHAZAR, por impertinentes, las recusaciones formuladas por Jomary Ortegón Osorio, Soraya Gutiérrez Argüello, Juan David Romero Preciado y Henry José Gallego Bedoya contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar”, indica la decisión. 

Y es que, los ciudadanos Jomary Ortegón Osorio, Soraya Gutiérrez Argüello, Juan David Romero Preciado, por un lado, y Henry José Gallego Bedoya, por otro, fueron quienes recusaron a Ibáñez Najar por la filtración del proyecto de sentencia que este presentó como magistrado sustanciador para su consideración en la Sala Plena.

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Los demandantes reclamaban a la Corte para apartar a Ibáñez de este debate, asegurando que el hecho de que se filtrase el sentido de la ponencia pone en riesgo al equilibrio del poder público porque representa presiones a los funcionarios que harán parte de la discusión. 

Pese a los argumentos, las solicitudes fueron rechazadas y se compulsaron copias de la decisión para que la Comisión Nacional de Disciplina estudie si hubo una difusión irregular del sentido de la ponencia redactada por Ibáñez. 

“COMPULSAR COPIAS de la presente decisión con destino a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que, en el ejercicio de sus funciones, lleven a cabo las actuaciones a que haya lugar ante la presunta difusión irregular del proyecto de sentencia”, concluye el documento presentado. 

Así las cosas, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar continuará participando en la discusión sobre la constitucionalidad de los artículos mencionados en la ley de paz total, que hasta el momento ha permitido la negociación con bandas criminales, disidencias y guerrillas en los últimos meses.