El miércoles 25 de agosto fue radicado el proyecto de ley estatutaria, el cual promueve una cultura de apertura a la información, transparencia y diálogo entre los congresistas y los colombianos, por medio de mecanismos de rendición de cuentas.

Es así como, por medio del proyecto, los senadores y representantes a la Cámara deben informar, explicar y dar a conocer su gestión a través de informes públicos, y que podrán ser consultados por los ciudadanos de manera digital. 

Allí se reportará información sobre proyectos de cada congresista, proposiciones y constancias presentadas en cada comisión y plenaria, debates de control político promovidos, denuncias, audiencias públicas y mesas de diálogo, y los viajes laborales internacionales que realice cada congresista. También, en el proyecto se solicita que cada congresista realice diálogos públicos al finalizar su periodo legislativo para dar cuentas de todo lo realizado en su gestión. 

La representante Cathy Junivao, del partido Alianza Verde y una de las autoras del proyecto, expresó que: “estamos cumpliendo un mandato de la ciudadanía que fue respaldado por 11 millones de personas en la consulta anticorrupción 2018 para que los congresistas fueran más transparentes en sus labores. Además, en mi calidad de vicepresidenta de ParlAméricas, impulsamos este compromiso que tiene el Congreso de Colombia como miembro de la organización para tener un parlamento abierto que materialice los reclamos ciudadanos y recobre legitimidad; esto solo se logra si la gente conoce lo que aquí hacemos a través de la rendición de cuentas”.

Entre los autores se encuentran los congresistas Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Julio César Triana, Germán Blanco y David Racero. Respaldados por los congresistas Andrés Calle, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina, Juan Sebastián Gómez, David Luna, Daniel Cavalho, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilder Escobar.

A la radicación del proyecto fueron citados la Comisión anticorrupción y de integridad pública de la Cámara de Representantes, la Misión de Observación Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Transparencia por Colombia, la Escuela de gobierno de la Universidad de los Andes, el Instituto Anticorrupción y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózafa, quienes brindarán apoyo técnico y temático para luchar contra la corrupción, y cumplirán el papel de auditar que las medidas del proyecto se estén llevando a cabo.

Finalmente, la misión de los congresistas mencionados, junto con las instituciones, serán los encargados de promover iniciativas para evitar la corrupción en el Congreso. Harán seguimientos y elaborarán reportes de riesgo de corrupción en los proyectos y reformas en curso.