El representante Duvalier Sánchez, acompañado de influyentes congresistas como Ariel Ávila, Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Julia Miranda y Daniel Carvalho, entre otros, presentaron el proyecto de reforma política propuesto por el senador Humberto De La Calle en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Colombia ha enfrentado durante años el desafío de garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo funcionamiento ha estado sometido a influencias partidistas debido al método de selección de magistrados. En este sistema, cada partido representado en el Congreso propone candidatos que luego son elegidos por el Congreso en pleno, lo que ha llevado a una politización crónica del organismo electoral.

La falta de control efectivo sobre el financiamiento político y un proceso electoral marcado por el clientelismo y el personalismo han facilitado la injerencia de intereses privados en la política colombiana. Esto ha quedado patente en casos notables como el escándalo de Odebrecht y su impacto en las campañas presidenciales, donde el CNE archivó investigaciones a pesar de las pruebas recopiladas por los órganos de control, lo que ha puesto en entredicho la independencia del proceso electoral.

Ante esta problemática, el senador Humberto De La Calle ha presentado un proyecto de reforma política con el respaldo de congresistas destacados como Ariel Ávila, Juan Carlos Lozada, Catherine Juvinao y Julia Miranda. La propuesta busca implementar un nuevo modelo de selección de magistrados del CNE para asegurar decisiones imparciales y equitativas, incorporando recomendaciones de la Misión Electoral Especial, el Centro Carter, la MOE y la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea.

Los aspectos clave de esta reforma incluyen la elección escalonada de magistrados mediante concursos de méritos, la conformación de un Consejo de 9 magistrados con un mandato de 6 años y el establecimiento de rigurosas inhabilidades para prevenir "puertas giratorias", conflictos de interés y politización. Asimismo, fortalece las facultades del CNE en la vigilancia y control de procesos electorales y gastos de campañas, además de la depuración del censo electoral.

Esta transformación del CNE, centrada en la elección escalonada de magistrados, la composición cuidadosa del Consejo y la implementación de rigurosas inhabilidades, no solo tiene como objetivo despolitizar el proceso, sino también revitalizar la confianza en el sistema electoral colombiano. La sociedad colombiana busca poner fin a la impunidad en casos de corrupción e irregularidades, y se espera que el Congreso demuestre voluntad política para debatir y considerar esta medida que aborda problemas estructurales del sistema electoral del país.