Garantizar el derecho fundamental a la educación, regularlo y establecer las condiciones necesarias para su protección, es el objetivo del proyecto de Ley Estatutaria que radicó el Gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República. 

Según la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la elaboración del proyecto participaron más de 53.000 personas de todo el país, “se lograron acuerdos que nos permiten dar un paso crucial de calidad y pertinencia con una visión de modelo educativo de inclusión, de interculturalidad y de antirracismo”.

La Ministra @AuroraVergaraF1 dijo que este proyecto le permite al Estado honrar los compromisos adquiridos internacionalmente: “La apuesta que tenemos hoy como Nación, es que ningún niño, niña o adolescente colombiano, se quede sin la oportunidad de acceder al sistema educativo y… pic.twitter.com/IODpUyWrkW

— Presidencia Colombia (@infopresidencia) September 12, 2023

El proyecto de ley estatutaria define la educación como un derecho en todos sus niveles, por eso comprende garantías de acceso desde la educación inicial (prejardín, jardín, transición), pasando por la educación básica, media y superior. Incluye también un capítulo especial para que los adultos que no terminaron sus estudios puedan hacerlo ahora, y un artículo que define el derecho fundamental a la educación para las personas privadas de la libertad.  

La estructura del proyecto se fundamenta en cuatro ejes: disponibilidad o asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

En cuanto a la disponibilidad o asequibilidad, esto “representa la garantía de un sistema educativo con establecimientos e instituciones, así como los recursos financieros, administrativos y talento humano, idóneos y suficientes para satisfacer la demanda educativa en el territorio nacional”. 

La accesibilidad indica que la educación debe estar al alcance de todas las personas de forma progresiva, con igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación y con total respeto de la dignidad humana. 

La aceptabilidad establece que el Estado deberá promover y vigilar la calidad de las metodologías y procesos educativos para que resulten pertinentes y adecuados a la comunidad y a su contexto regional y cultural, garantizando el respeto de los derechos humanas y de los sistemas educativos propios, de quienes participen en ellos. 

Y, finalmente, el eje de adaptabilidad busca que la prestación del servicio de educación garantice la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Para ello deberá adaptarse a sus necesidades individuales, sociales, económicas y al contexto regional y cultural. 

El proyecto también contiene un artículo dedicado a los principios de la educación que giran en torno a la universalidad sin ningún tipo de discriminación y que rompa las brechas de desigualdad en los territorios.