Este proyecto de ley propone cambios significativos en la educación inicial, media, superior y en sectores históricamente marginados.

Una de las innovaciones más destacadas es la ampliación del primer ciclo de educación inicial, que ahora incluirá a niños desde el nacimiento hasta los 3 años. Hasta ahora, este ciclo comenzaba a partir de los 3 años. El segundo ciclo abarcará a niños de 3 a menos de 6 años, incluyendo los grados de prejardín, jardín y transición. Además, se enfatiza que entre los 0 y 3 años de edad, la educación inicial se centrará en actividades de juego y exploración en el hogar, la escuela y el espacio público, garantizando el desarrollo pleno de capacidades fundamentales para la vida.

El proyecto también reconoce el derecho fundamental a la educación media y establece la posibilidad de la articulación con la educación superior, incluso después del grado de bachiller, abriendo nuevas oportunidades educativas.

El texto legislativo contiene un capítulo especial denominado "equidad social y territorial", que promueve el cierre de brechas educativas y la adaptación del sistema en situaciones de emergencia. Además, enfatiza la importancia de la investigación y la extensión educativa para abordar desafíos sociales en todas las regiones, especialmente en áreas históricamente desfavorecidas.

El proyecto reconoce el derecho a la educación campesina y rural, así como el derecho a la educación para jóvenes, adultos y personas mayores. Para erradicar el analfabetismo y brindar oportunidades educativas, se prometen ajustes razonables y herramientas indispensables para atender las necesidades y potencialidades de quienes no cursaron los niveles del sistema de educación.

Además, se consideran los derechos fundamentales a la educación de las víctimas del conflicto armado, las personas privadas de la libertad, los pueblos étnicos con la posibilidad de diseñar sistemas educativos propios, y las personas con discapacidad.

El proyecto de ley concede facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por un período de seis meses para establecer normas con fuerza de ley que definan las fuentes de financiación, los plazos de implementación del derecho fundamental a la educación en todos los niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia, y el régimen especial de las escuelas normales superiores.

Esta propuesta legislativa busca sentar las bases para un sistema educativo inclusivo y equitativo que atienda las necesidades de todos los colombianos, promoviendo así un futuro más brillante y equitativo para la educación en el país.