Luego de que la Procuraduría formulara cargos contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, en el mes de abril por presuntas irregularidades en contrataciones, el abogado tolimense vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, por una serie de chats que dejan evidencia cómo el funcionario pide despedir a “uribistas” y nombrar y ascender a sus recomendados. También por haber solicitado a los directivos 50 millones de pesos para financiar la paz total

La revista Semana publicó unos chats entre el superintendente de Subsidio Familiar, y la entonces  directora de la Caja de Compensación de Córdoba (Comfacor), en los que Pérez le pide sin ningún reparo a la trabajadora despedir a quiénes considera como miembros de la oposición, y ascender o contratar a quienes son de su “confianza absoluta”.

Vásquez hoy asegura que fue retirada de su cargo por no haber seguido las órdenes del Supersubsidio, por lo que presentó una demanda laboral para que la reintegren a su puesto de trabajo. Por ello, la exfuncionaria dio a conocer los chats ante el despacho de un juez laboral del circuito de Montería.

En otro de los chats entregados por Vásquez, y conocidos por Semana, el funcionario le pidió 50 millones de pesos de la Caja de Compensación para “una iniciativa de paz en Buenaventura”.

“Diana, todas las cajas están contribuyendo a esta iniciativa de paz total en Buenaventura. Las cajas intervenidas están aportando 50 millones. Te envío la cuenta del obispo de Buenaventura”, dijo el superintendente a la funcionaria.

Al respecto de todos los hechos, Vásquez aseguró en su demanda laboral que nunca pensó en ceder a esas presiones, pues no solo violaban los procesos de selección, también la ética laboral, razón por la cual decidió dar a conocer todos lo ocurrido.

Por la millonaria suma que el superintendente pidió a Comfacor, la Procuraduría puso su ojo en la mira de Vásquez, a quien le pidieron información sobre dicha colecta.

A través de un comunicado obtenido por el mismo medio, Pérez se defendió señalando que en “relación a la solidaridad con la población de Buenaventura y el apoyo a la tregua promovida por el obispo Rubén Darío Jaramillo Montoya, que ha conducido al cese de los asesinatos”. De acuerdo con él, dicha actuación corresponde a sus “obligaciones constitucionales para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”.