Estas iniciativas tienen como objetivo primordial contribuir al progreso económico y la seguridad jurídica de Colombia.

El primer proyecto de ley busca establecer los parámetros necesarios para llevar a cabo proyectos pilotos de Investigación Científica con Fracking en Colombia. Esta propuesta cobra especial relevancia considerando los informes emitidos por el Departamento Nacional de Planeación, la CEPAL y la Agencia Francesa para el Desarrollo, los cuales señalan que la reducción de la producción de petróleo y carbón tendría un impacto negativo en el empleo, el aumento de la pobreza y el Producto Interno Bruto (PIB) del país. La legislación propuesta se apoyaría en pruebas científicas para preservar la seguridad energética de Colombia.

Es importante destacar que esta iniciativa se reintroduce en el Congreso después de no cumplir con los debates necesarios en el período legislativo anterior, subrayando la importancia de abordar esta cuestión crítica para el país

El segundo proyecto de ley presentado tiene como objetivo fortalecer la protección de la propiedad privada de los predios rurales frente a ocupaciones ilegales. Las invasiones de propiedades rurales y terrenos baldíos han sido un problema persistente en Colombia, y en el último año, este fenómeno ha experimentado un aumento alarmante. Se estima que esta problemática afecta a 26 de los 32 departamentos del país, poniendo en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica de los propietarios legítimos, así como la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos.

El proyecto consta de 11 artículos, incluyendo disposiciones para promover el respeto a la propiedad privada y medidas administrativas que sancionarían a aquellos que recurran a vías de hecho en la reclamación de tierras. Además, insta al Gobierno Nacional a desarrollar políticas que fomenten la cultura de la legalidad y prohíban la ocupación ilegal de predios, especialmente en áreas rurales.

Estos proyectos de ley representan un paso significativo hacia la consolidación de un marco legal que permita el desarrollo responsable de la industria energética y garantice la protección de los derechos de propiedad en el entorno rural de Colombia. Se espera que estos proyectos sean debatidos y discutidos en el Congreso de la República en los próximos mes