El ente encargado de iniciar, adelantar y fallar investigaciones realizadas por faltas disciplinarias presentó un total de 10 objeciones al proyecto con el que el gobierno nacional regula la compra de tierras y la extinción de dominio. 

“El Gobierno Nacional se estaría excediendo al introducir nuevas causales de extinción de dominio bajo su facultad para emitir reglas, precisando que la potestad reglamentaria no se trata de una facultad absoluta, sino necesariamente limitada por la ley”, expresó la Procuraduría a través de su comunicado oficial. 

El Ministerio Público dirigido por la Procuradora general Margarita Cabello indicó que algunos puntos del proyecto no resultan razonables, ni están suficientemente justificados. De acuerdo con la Procuraduría, no hay lineamientos que expliquen por qué se pagaría el 80% del valor del predio (antes de la apertura de la etapa probatoria), o el 60% (después de la etapa probatoria). 

“Se presenta ambigüedad frente al procedimiento de adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ya que no es claro si se mantendría la modificación por cuenta de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo”, señaló la entidad. El Ministerio Público considera que esta falta de claridad puede generar contradicciones y vacíos en su implementación. 

Para la Procuraduría, el proyecto presentado por el gobierno nacional incluye modificaciones sin soporte legal de procedimientos y trámites. Esos cambios se refieren a temas como la libertad e inversión probatoria o la eliminación de la obligatoriedad de la visita al predio como una medida para garantizar la verdad de la explotación. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura inició una mesa técnica que establecerá los mecanismos de comercialización para que las entidades compren directamente los productos al campesinado.

 “Iniciamos mesa técnica de compras, para apoyar a los pequeños productores e impulsar la agricultura familiar, campesina y comunitaria”, informó la cartera liderada por la ministra Jhenifer Mojica.