El mayor órgano de control del Estado presentó al Congreso su Séptimo Informe sobre los recursos del posconflicto. En el documento oficial, se le pidió al gobierno nacional hacer un mayor esfuerzo presupuestal y priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados. 

La Contraloría señaló que ni siquiera en los municipios en los que se desarrolla el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han presentado los cambios esperados. De acuerdo con la entidad, esto es el resultado de "una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos". 

Una de las principales conclusiones del Séptimo Informe de la CGR, es que se mantienen las brechas entre las zonas urbanas y rurales. "La Reforma Rural Integral (RRI) no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema", indica el órgano de control en su comunicado. 

No obstante, la entidad de control señaló que entre 2018 y 2022, se ha reducido en 11,3 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza multidimensional en zonas rurales, de acuerdo con las cifras oficiales del DANE. “De mantenerse la tendencia actual, la meta de reducción del 50% en el nivel de incidencia en el campo planteada a 2031, se lograría", señaló el Informe. 

"Los $44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integral no han logrado las transformaciones requeridas, debido a la deficiente formulación de proyectos, y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables", manifestó la entidad. 

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere. “Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Agencia de Renovación del Territorio concreten los ajustes normativos, técnicos y metodológicos que demanda la implementación y el país pueda avanzar hacia transformación estructural del campo.

La CGR explicó que se requiere en los próximos años, realizar un mayor esfuerzo presupuestal, priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados, y promover una mayor calidad del gasto para lograr efectividad en los resultados de las intervenciones previstas en el Acuerdo Final de Paz.