El órgano de control recordó la importancia de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para realizar una adecuada implementación de las tecnologías de información en el sector público. 

“La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con sede en Bogotá, estaría causando perjuicio a quienes viven en los diferentes territorios del país, al no permitirles consultar en línea y obligarlos a desplazarse a su sede”, señala el comunicado de la PGR, encargada de vigilar el cumplimiento legal de las entidades públicas. 

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que habiliten de manera inmediata la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Vital) o una herramienta que cumpla su función. 

La exigencia del órgano de control se da luego de que la plataforma “Vital” fuera deshabilitada, según informaron ambas entidades, por modificaciones que se estarían realizando. La Procuraduría considera que esos cambios “se debieron contemplar de manera previa, pues están generando incertidumbre y falta de garantías entre los usuarios”.

La PGR explicó que los ciudadanos no han podido acceder en tiempo real ni consultar en línea expedientes administrativos ambientales tanto de carácter permisivos, como sancionatorios a cargo de la ANLA.

“El Ministerio Público puso en conocimiento de las entidades, las denuncias por la presunta violación a los derechos de participación ciudadana y acceso a la información pública, ante las dificultades operativas de la plataforma”, indicó el órgano de control. 

“La Procuraduría, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, llamó la atención al Ministerio de Ambiente sobre las respuestas a los usuarios que deja entrever una falta de comunicación, coordinación y falta de responsabilidad”, informó la entidad. 

El Ministerio de Ambiente y la ANLA deberán atender las solicitudes del organismo de control para garantizar el derecho ciudadano de acceder a la información pública sobre actividades ambientales sin impedimentos.