553 candidatos a alcaldías y concejos municipales estarían inhabilitados por suscribir contratos
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, puso en conocimiento de la ciudadanía, las autoridades y del Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados de una investigación que detectó 526 aspirantes para concejos municipales y 27 para alcaldías quienes estarían incursos en una inhabilidad por firmar contratos públicos desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, en las ciudades y distritos donde inscribieron su candidatura.
“La razón de ser de este tipo de inhabilidad está en la conveniencia pública y la transparencia para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. Además de brindar condiciones de igualdad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos ingresen a las campañas político-electorales”, explicó el secretario Idárraga.
Para el caso de los aspirantes a concejos municipales, los primeros cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas que estarían incursas en la inhabilidad en mención suman 146 aspirantes, de las 526 identificadas, con la suscripción de 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, los cuales suman $32.842 millones.
"De los candidatos a los concejos avalados por los partidos, empezando por el Centro Democrático, encontramos que 19 de ellos llevaron a cabo 33 contratos por un valor de más de $17.181.000.000, que agrupa el 34% de lo hallado en materia de contratación, señaló Idárraga.
Los 27 postulantes a alcaldías que podrían estar incursos en una inhabilidad, están ubicados en Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander.
De acuerdo con los resultados arrojados por el estudio, el mayor monto de contratación realizado en un periodo inhabilitante es encabezado por Rodrigo Hernández Lozano, candidato conservador a la alcaldía de Melgar, con 9 contratos por valor $5.896.554.691.
Para obtener estos resultados, el equipo de la secretaría de Transparencia analizó la Base Pública de registros de contratación estatal digital SECOPII y la Base Pública de candidatos electorales inscritos en las elecciones de 2023, en el marco de una situación por la que podrían estar incursos en una inhabilidad, conforme con lo establecido en la Ley 617 de 2000, artículos 37 y 40.
