De acuerdo con el organismo de control, los convenios firmados entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas contaban con un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos. Además de algunos funcionarios de los ministerios del Interior y de Ambiente, el ente indagará a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). 

“La indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un acuerdo, por un poco más de 4.900 millones de pesos”, señala el comunicado oficial de la PGR. 

Por otra parte, “los funcionarios del Ministerio del Interior que están involucrados en la investigación serán indagados por la firma de un contrato por 25 mil millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)”, señaló el Ministerio Público. 

De acuerdo con la Procuraduría, este contrato tenía como objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación. 

“Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”, indicó la Procuraduría, que añadió que posiblemente para otras actividades puntuales se haya asignado un presupuesto elevado en comparación con lo requerido para su desarrollo. 

El órgano de control pidió a los implicados en la indagación varias pruebas para conocer el desarrollo de los convenios. “El Ministerio Público solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos”. 

En las próximas semanas se conocerán los resultados de la indagación previa, con la que la Procuraduría busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables.