De acuerdo con la Fiscalía, los implicados en la investigación son el exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Andrés Figueredo Serpa; el exgerente de Proyectos Carreteros, Daniel Tenjo Suarez; el exgerente financiero, Emerson Leonardo Durán Vargas; y el profesional experto, David Leonardo Montaño García.

El organismo judicial señaló a los exfuncionarios de la ANI como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. “Estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 4, 5, 8 y 10 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’, aseguró la Fiscalía. 

La investigación desarrollada hasta el momento le ha permitido al organismo judicial obtener pruebas que indican que, mientras se encontraban en sus cargos, los exfuncionarios de la ANI formularon, avalaron, aprobaron y firmaron estudios, así como actas de contratación que le dieron viabilidad a las adiciones efectuadas al proyecto vial. 

“De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos, propiciando injustificadamente beneficios al contratista”, indicó el organismo judicial a través de un comunicado oficial. 

Expertos de la Fiscalía constataron que entre las actuaciones irregulares de los exfuncionarios están la ampliación de plazos, el ajuste de cronogramas de obra, la omisión de las sanciones por demoras y la no ejecución de multas al concesionario por más de 35.800 millones de pesos. 

“Se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), y se desafectó un tramo por un valor de 19.976 millones de pesos”, afirmó el ente judicial. 

La Fiscalía seguirá adelante con la atribución de responsabilidad penal por lo que el organismo considera como un desbalance económico en contra de los intereses del Estado y a favor de las utilidades de Odebrecht.