El superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, se refirió al pliego de cargos y la sanción provisional que le impuso la Procuraduría por cuenta de las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación; además de presuntamente haber solicitado a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura.

Según se precisa en un comunicado, el superintendente “está facultado para imponer multas desde quinientos pesos ($500) hasta treinta mil pesos ($30.000) a los funcionarios de las entidades sometidas a su control, por violación de las normas legales o estatutarias, graduados de conformidad con la gravedad de la infracción”.

Asimismo, se advierte que el "Superintendente del Subsidio Familiar cuenta con competencia legal para la designación tanto de Directores Administrativos como de Agentes Especiales de Intervención en el marco de medidas cautelares".

Además, explica que "a tan solo tres semanas de salir del cargo mediante Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022 el anterior Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez, conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para ello".

En el comunicado se aclara que "al encontrar constituida lista de elegibles heredada de la anterior administración, en aras de garantizar los principio de objetividad, participación, pluralidad e igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en formar parte de la lista de elegibles, se profirió la Resolución 0679 del 14 de octubre del 2022, abriendo la integración de la referida lista, posibilitando que todo ciudadano que cumpliera con los requisitos, y estuviese interesado pudiera ser considerado para integrar la lista de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención".

Para la Supersubsidio, la expedición del referido acto administrativo se realizó conforme a las facultades legales y "no puede predicarse mala fe o trasgresión a la norma con su emisión, pues si bien el Superintendente Luis Guillermo Pérez Casas optó legítimamente por la apertura de la lista de elegibles, puede cotejarse también, que nombró y mantuvo en ejercicio de director administrativo a personas que hacían parte de la lista prevista en la Resolución 0498 de 2022".

Sobre la suspensión por tres meses, considera que es “excesiva” y podría suponer un prejuzgamiento de parte de la Procuraduría. Aunque manifiesta que acatará la medida sancionatoria, anuncia que procederá a interponer las acciones pertinentes y activar los mecanismos legales con el propósito de salvaguardar el derecho al debido proceso y a la defensa.