Cortolima asegura que el IBAL le debe cerca de $6.000 millones de tasa retributiva
A través de Ecos del Combeima se analizó una de las problemáticas de contaminación que más afecta a Ibagué como es la situación del río Chipalo, que se ha visto altamente perjudicado por aguas negras, escombros y residuos que son vertidos en este afluente.
Ante este hecho, la directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Olga Lucía Alfonso, señaló que la competencia de las corporaciones consiste en ejercer su misión como autoridad ambiental de control y vigilancia a fuentes hídricas.
Así mismo, manifestó que los colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales e inversiones, son responsabilidad directa del IBAL y de la Administración Municipal quienes deben ejecutar acciones en torno al saneamiento básico."Es responsabilidad del IBAL realizar inversiones para garantizar, mejorar y recuperar el río Chipalo".
Agregó además, "nosotros prestamos apoyo subsidiado y complementario para resolver problemas de cargas contaminantes y de vertimientos", aseverando también que, las inversiones son conjuntas con la empresa de Acueducto y Alcantarillado.
En cuanto a la consultoría del rio Chipalo, la directora de Cortolima expresó que esta se viene adelantando por acción popular del Tribunal Administrativo.
Del mismo modo, mencionó que existen cerca de 200 procesos sancionatorios en curso, por el incumplimiento de las acciones. "Adelantamos como autoridad ambiental procesos sancionatorios y aportamos en la solución complementaria y subsidiaria como los colectores (...) el medio ambiente y todos los temas ambientales han sido no solamente la cenicienta en el Tolima, sino en el país", acotó.
Respecto al recaudo, la directora de la autoridad ambiental expuso que en sobretasa se recogen alrededor de $12 mil millones y de Tasa por Uso de Agua (TUA) un aproximado de $9.000 millones.
Además afirmó que, el ingreso por tasa retributiva que se recauda en la factura de agua, no ha sido cancelada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL desde 2020, adeudando a la fecha alrededor de 6.000 millones de pesos, motivo por el que hace un llamado a la entidad para que cancele el saldo en mora y de esa manera, se puedan realizar mayores inversiones.
Finalmente, Olga Alfonso aseveró que Cortolima no otorga "licencias de construcción, no damos permisos, ni ordenamos el territorio; el uso del suelo es responsabilidad de las administraciones municipales. Podemos sancionar según lo que corresponde en la normatividad".
Por su parte Juan Carlos Guzmán, subdirector Juridico, expresó que la CAR se puede oponer siempre y cuando se afecte un recurso natural.
