Movimientos ambientalistas, defensores de derechos humanos y diversas organizaciones sociales, han rechazado el asesinato del joven Johan Ferney Aguilar González ocurrido el pasado domingo en zona rural de Falan.

"Este trágico suceso no solo es una afrenta a la vida de un joven prometedor, sino también un ataque directo a aquellos que han luchado incansablemente por la defensa de sus derechos y de su tierra ante los intereses de empresas que operan en la región”, señalan en un comunicado el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Red de Comités Ambientales del Tolima, Voces del Norte del Tolima, Alianza Regional Contra la Megaminería, Colectivo Ambiental Falan y Frías, Veeduría Ciudadana Palo Ambiental, Comisión de Derechos Humanos del Tolima, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Político y Movimiento Nacional del Víctimas de Crímenes de Estado.

En su denuncia estas organizaciones cuestionaron a la Alcaldía de Falan por haber expedido un decreto que prohibía el derecho a la movilización, el derecho a la libre expresión y la participación de niños y niñas en la Audiencia pública”.

“Sentimos que este acto es una amenaza a los defensores del territorio y de los derechos humanos y una advertencia a todos aquellos que se oponen a los intereses de los poderes corporativos”, expresan.

“Este lamentable hecho nos recuerda la importancia de la solidaridad y la unidad en momentos de adversidad. Nos comprometemos a seguir luchando por un mundo en el que prevalezca la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Nuestros corazones están con la familia del joven asesinado y con toda la comunidad de Falan en este difícil momento. No descansaremos hasta que se haga justicia y se garantice la seguridad de quienes defienden sus derechos y su tierra”, añaden.

Las diferentes organizaciones han exigido "una investigación exhaustiva e imparcial que desarrolle la unidad especial de la Fiscalía sobre este acto de violencia, con el fin de llevar ante la ley a los responsables y garantizar que no quede impune”.

De igual manera exigen a las autoridades ambientales, “especialmente ante la Agencia Nacional de Minería, la debida protección y sanción de toda actividad minera hasta que no se den las garantías de paz y protección a toda la comunidad”.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, regionales y nacionales para que brinden protección y seguridad a los líderes y lideresas que están comprometidos en la lucha por la justicia y la protección de su territorio frente a intereses económicos poderosos”, concluyen.

Asimismo, desde el Movimiento Ambiental Nacional y las diferentes organizaciones que lo integran, también se expresó solidaridad y se insistió en un llamado para que el Estado colombiano proteja la vida e integridad de las personas que luchan por defender el territorio del extractivismo.